Área de Estado de derecho

Está área coordina los proyectos dirigidos a fortalecer la oferta de justicia, con especial atención a la población más vulnerable.

ideaborn interviene en países que presentan diferentes situaciones de acceso a la justicia, por ejemplo, en países que salen del conflicto armado y se dotan de mecanismos de “Justicia Transicional” y en países que transitan de una estructura de justicia pre moderna (basada en la costumbre) a un sistema judicial moderno.

Los proyectos llevados a cabo por ideaborn en este ámbito de acción se centran alrededor de tres ejes:

Fortalecimiento del sistema judicial. Consiste en buscar mejorar la oferta y la calidad de los servicios de justicia. Incluye entre otras las siguientes acciones: (i) mejorar la gestión de centros de formación de jueces, fiscales y juristas en general; (ii) mejorar la gestión de las prisiones y formación de funcionarios de prisiones, con especial énfasis en trato de menores infractores; (iii) mejorar la gestión y archivo de dosieres en los tribunales; (iv) mejorar los sistemas públicos de control interno y externo de la justicia.

Apoyo a la coordinación entre la justicia ordinaria, los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y los mecanismos tradicionales (pre-modernos) basados en la costumbre. Consiste en estudiar en los distintos países donde intervenimos las ofertas de mecanismos a disposición para acceder a la justicia. Igualmente supone trabajar para mejorar las garantías que estos ofrecen a la correcta protección de los derechos fundamentales. Finalmente implica asesorar en métodos de mejoramiento de la comunicación y de supervisión de estos mecanismos, para asegurar que casos penales graves sean conocidos por la justicia ordinaria.

Reforma legislativa. Consiste en asesorar en el cambio de legislación relativa a los Derechos Humanos fundamentales como, por ejemplo: (i) cambios para proteger y promover el derecho de asociación, (ii) cambios para promover la formación de Derechos Humanos en la educación primaria, secundaria y universitaria; (iii) cambios para regular sistemas alternativos a la privación de libertad; (iv) cambios para facilitar sistemas de conciliación y (v) cambios para facilitar la protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable (como refugiados, desplazados, niños, mujeres, minorías, etc).